Tras una investigación interna por la presunta responsabilidad de la cúpula directiva de ONO en el fraude fiscal por el que ha sido acusada Vodafone, la compañía británica de telecomunicaciones ha decidido anular el pago de un bonus de 68 millones a José María Castellano y Rosalía Portela, presidente y consejera delegada, respectivamente, y al director financiero, Carlos Sagasta.
Según indican fuentes próximas a la compañía, Vodafone ha tomado la drástica medida después de comprobar que estos tres directivos eran conscientes de la operativa ilegal por la que inflaron la cifra de ventas de ONO antes de que esta fuese adquirida la pasada primavera por la multinacional inglesa. Vodafone pagó 7.200 millones por tomar el control de su competidor el 23 de julio, cuando la transacción fue autorizada por la Comisión Europea, sin que hasta ese momento sospechase que había algún tipo de irregularidad.
Sin embargo, el 17 de septiembre, el operador de telefonía móvil bloqueó el pago de este incentivo al que estos ejecutivos tenían derecho por vender la empresa tras la publicación por parte de El Confidencial del presunto fraude a Hacienda. Les dijo a Castellano, Portela y Sagasta que se los abonaría cuando finalizase una auditoria interna del tipo forensic encargada a Deloitte.
La conclusión es que esta operativa por la que Hacienda ha abierto el expediente no pudo hacerse sin el conocimiento del presidente, de la consejera delegada y del director financiero, los cuales tenían un premio de 25 millones para cada uno de los dos primeros ejecutivos y de 15 millones para el tercero. Además, Guillermo Mercader, exresponsable del negocio residencial, tenía derecho a tres millones gracias a la implantación de un plan gratuito de stock options valorado en 200 millones brutos.
Según otras fuentes, correos electrónicos enviados desde las direcciones generales a los cuatro empleados que ejecutaban la compraventa de minutos de llamadas internacionales fuera del balance de la compañía han demostrado la supuesta responsabilidad de Castellano, Portela y Sagasta. Un contraste que Deloitte cree poder demostrar ya que requisó los ordenadores portátiles de estos altos directivos e investigó los mails sobre el caso.
La trama de sociedades fraudulentas facturaba a ONO unos 250 millones de euros que el grupo hacía aflorar cuando lo necesitaba para engordar las cifras de ventas o de beneficio operativo, según fuentes próximas a la investigación. Es lo que hicieron en plenas negociaciones con la multinacional británica para forzar una mayor valoración de la compañía y un mayor pelotazo para los accionistas.
Cuando la multinacional británica inició las conversaciones para la adquisición del operador español de telecomunicaciones, Castellano, Portela y Sagasta firmaron un contrato de garantías para asegurarse el cobro de estas suculentas retribuciones. Sin embargo, Vodafone ha decidido suspenderlos tras el informe de Deloitte y por consejo de DLA Piper, el despacho internacional de abogados –el mayor del mundo–, contratado para tal efecto.
Vodafone ha declinado hacer ningún comentario sobre esta información ni confirmar ni desmentir si en breve presentará una querella contra estos tres directivos de ONO. La CEO, que en un principio se iba a quedar un año en la compañía para facilitar la transición de la fusión, dejó Vodafone a principios de septiembre de forma precipitada.