Castellano y Portela reclaman en los tribunales 100 millones a Vodafone

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elconfidencial.com

El conflicto entre Vodafone y los antiguos ejecutivos de ONO ha entrado en una fase judicial y puede extenderse incluso ante la junta general de accionistas de la compañía británica en España

El conflicto entre Vodafone y los anteriores responsables de ONO se ha recrudecido en las últimas semanas a raíz de las pruebas acumuladas por el bufete de Antonio Hernández Mancha contra lo que se considera un “manifiesto incumplimiento del contrato” derivado de la compra de la empresa española de cable por parte de la multinacional británica. El acuerdo estaba vinculado al pago de sendos bonus de 25 millones de euros a José María Castellano y Rosalía Portela, que Vodafone mantiene bloqueados de manera unilateral por un supuesto fraude fiscal previo realizado por ONO en su operativa de reventa de llamadas. Los antiguos presidente y consejera delegada de la empresa cablera reclaman su dinero y otro tanto, hasta 100 millones de euros, por daños al honor.

El despacho legal que dirige el antiguo presidente de Alianza Popular tiene yaultimada la documentación jurídica para demandar ante los tribunales el abono del citado plan de incentivos, fijado de antemano por la puesta en valor de ONO y el consiguiente “hecho de liquidez” que supuso la venta a Vodafone. La multinacional con sede en Londres pagó al final 7.200 millones de euros en una de las operaciones de consolidación más llamativas dentro del mercado europeo de telecomunicaciones. Tras cerrar la adquisición en julio pasado, Vodafone se hizo cargo de lo que se entiende como un fraude de carrusel en virtud del cual los proveedores de servicios subcontratados por ONO han girado las facturas sin efectuar luego las pertinentes liquidaciones de IVA.

Bajo este argumento, y al margen de las posibles implicaciones delictivas,Vodafone decidió por su cuenta retener el mencionado bonus al considerar que la alta dirección de ONO aparentó con estas prácticas un volumen de negocio superior al real, justificando así el mayor atractivo de su empresa einduciendo a un precio más alto en la compraventa. Castellano y Portela alegan en su defensa que las investigaciones del fisco no se han traducido en ninguna reclamación ni imputación contra Vodafone y ni siquiera se ha levantado acta contra los responsables directos que llevaron a cabo la subcontratación de servicios por parte de ONO con los supuestos defraudadores finales.

 

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